La justicia, el Estado y la opinión pública: El caso Lozoya

La justicia, el Estado y la opinión pública: El caso Lozoya

En junio del año 2020 Emilio Lozoya Austin, director de Petróleos Mexicanos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue vinculado a proceso por su participación en los casos de desvíos de fondos públicos, acaparamiento de contratos y pagos de sobornos para favorecer a la empresas Odebrecht y Agro Nitrogenados. Lozoya fue detenido en España el el 12 de febrero de aquel año y desde entonces su figura ha sido un punto clave en los cuestionamientos sobre la lucha contra la corrupción prometida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como menciona la periodista Lourdes Mendoza en El Financiero, llevar a juicio al ícono de la corrupción del gobierno de Peña Nieto, podría ser la mejor aportación de su administración para fortalecer el Estado de derecho.

Los “pecados” de Lozoya 

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en un reporte que se encuentra dentro de la tercera entrega de la Cuenta Pública 2017, durante la gestión de Lozoya se formalizó la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados “con equipo completo, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación”. Dicha compra, asegura el reporte de la ASF, careció de estudios y análisis competentes para garantizar su rentabilidad y no había manera de sustentar los costos de su proceso de adquisición. Posteriormente Lozoya ejecutó la compra de Grupo Fertinal con la intención de que Pemex tuviera el esquema completo en la producción de fertilizantes. 

En un reporte publicado también por la ASF en el año 2017 se menciona que desde la Gerencia de Proyectos 2 de Pemex se ejecutaron contratos que no fueron convenientes para el Estado. Este reporte se refiere a los contratos celebrados con la firma brasileña Odebrecht para realizar trabajos en la refinería de Tula, Hidalgo. Los sobrecostos y daños que este acuerdo generó ascienden a 953 millones de pesos. 

De acuerdo con información publicada por Expansión, bajo la dirección de Lozoya Pemex declaró perdidas netas por 521 mil 600 millones de pesos. Una vez hecho el dictamen final de las cuentas de aquel año las pérdidas superaban los 700 mil millones de pesos. Esto puso a la petrolera nacional en serios aprietos respecto a sus cuentas con prestadores de servicios así como en el mantenimiento de la propia industria. 

Como colofón a una administración marcada por la corrupción, la malversación de fondos y el desvío de recursos, la gestión de Lozoya se caracterizó por el dispendio y los lujos de sus funcionarios.

La ASF ha hecho publico que Lozoya viajó en helicópteros y aviones de la compañía en al menos 324 ocasiones a lugares turísticos y no existe ningún documento que acredite que estos recorridos por aire tuvieran alguna justificación operativa. 

El proceso

En primera instancia el juez de control determinó que el proceso fuera llevado a cabo con el acusado en libertad condicionada, bajo medidas cautelares básicas como uso de brazalete, retención de pasaporte y firma periódica en el juzgado. Fue en la última audiencia del proceso, celebrada este 3 de noviembre, cuando el juez determinó que el ex director de Pemex debe continuar su proceso desde el Reclusorio Norte. La decisión judicial fue influenciada por señalamientos de la Fiscalía General de la República, que puso en consideración la red de protección con alto poder económico del acusado, el poco pudo procesal, así como el alto riesgo de fuga.

En portales noticiosos, columnas de opinión y redes sociales, la decisión de poner en prisión a Lozoya se ha visto como un triunfo de la opinión pública sobre una simulación en la impartición de justicia. Entre los conceptos clave más utilizados en la conversación digital en los días 4 y 5 de noviembre están los nombres de la periodista Lourdes Mendoza, quien fotografió a Lozoya cenando en un lujoso restaurante de la Ciudad de México durante el sábado 8 de Octubre, así como el del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. La presión mediática que se ejerció sobre las autoridades a partir de la foto publicada por Mendoza parece haber sido determinante en la decisión que las autoridades tomaron en la última audiencia. 

La impartición de justicia es sin duda un asunto de interés público, especialmente cuando los cargos del acusado tienen que ver con el uso y manejo de recursos gubernamentales.

El caso de Lozoya está lejos de cerrarse, pero para la opinión pública la decisión de que su proceso continúe desde la cárcel es un pequeño triunfo en la batalla contra la corrupción, la impunidad y la falta de ética en el poder. Hace falta, como bien se reclama desde las redes sociales, que los demás implicados en los delitos de Lozoya paguen también por sus actos. 


David Marcial Pérez, La cena más cara de Emilio Lozoya, El País, Lourdes Menzoa, “Por el bien de la 4T, primero Lozoya a juicio”, El Financiero
Édgar Sígler, ¿Por qué detuvieron Emilio Lozoya?, Expansión, 
Redacción, ¿Te perdiste qué paso con el caso Lozoya? Te damos un resumen, El Financiero

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