La reforma eléctrica: El costo ambiental y económico de la soberanía

La reforma eléctrica: El costo ambiental y económico de la soberanía

Este jueves 18 de noviembre Joe Biden recibirá al ministro Justin Trudeau y al presidente de México Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca para celebrar la Cumbre de Líderes de América del Norte. En la agenda de la reunión están los asuntos migratorios, la seguridad sanitaria y el cambio climático. La reunión se produce en medio de las discusiones en nuestro país sobre la iniciativa de reforma a la industria eléctrica propuesta por el gobierno federal. Este miércoles 17 de noviembre, desde la ciudad de Cancún, AMLO aseguró que de ser necesario explicará a sus pares las razones de su propuesta de reforma. El presidente aseguró que al fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad se acabará con los abusos de los empresarios extranjeros y se garantizará la soberanía nacional. La iniciativa ha sido criticada particularmente desde Estados Unidos y Canadá, pues algunos empresarios consideran que la reducción a la competencia tendrá altos costos económicos y ambientales.  

No hay duda alguna de que el mundo depende todavía en gran medida de la producción y distribución de combustibles fósiles y por ello los gobiernos de distintos países, así como grandes consorcios energéticos, siguen subsidiando este tipo de recursos.

De acuerdo con datos publicados en Forbes México, el 80% del consumo de energía a nivel mundial proviene de este tipo de combustibles. No obstante, en la producción de energía eléctrica la tendencia ha ido cambiando desde los primeros años de la década pasada, y cada vez existen más inversiones en fuentes renovables dentro de este sector. Según cifras de REN21, una organización global de energía limpia, en el año 2020 el uso de fuentes renovables tuvo el mayor aumento de su historia. 

La reforma presentada por el presidente AMLO al Congreso tiene el objetivo de modificar tres artículos de la Constitución y así dar marcha atrás a algunas de las implementaciones en materia energética que se llevaron a cabo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El gobierno federal alega que la reforma energética del año 2013 provocó la creación de un mercado eléctrico paralelo e ilegal controlado por empresas privadas. Se argumenta también que, mediante el pretexto de generar energías limpias, la administración pasada llevó al sector una bursatilización y le cargó todos los costos de operación a la Comisión Federal de Electricidad. El gran problema que la iniciativa de reforma encuentra es que, gracias a la reforma anterior, las empresas privadas han invertido ya  grandes cantidades de dinero en infraestructura. En la propuesta del gobierno federal las empresas privadas se quedarían con el 46% de la producción de electricidad, mientras que la CFE tendría el  54%. En una entrevista para Forbes, Carlos Aurelio Hernández, vicepresidente de la Coparmex, indicó que la repartición que la reforma propone coloca en riesgo 12 mil megawatts (7 mil de energía eólica y 5 mil de energía solar), que les serían expropiados a empresas de Estados Unidos y Canadá. Hernández menciona que debido al Tratado del Libre Comercio el gobierno mexicano estaría obligado a pagar miles de millones de dólares de indemnizaciones.

De acuerdo a la información del portal Bloomberg sobre un informe presentado por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable, elaborado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, la reforma que se propone en nuestro país para dar una mayor participación a la CFE significa una reducción en el uso de los parques solares y eólicos. Esto tendría como consecuencia un aumento de entre el 26% y el 65% en las emisiones de carbono, y un aumento del 32% en los costos de generación de electricidad. Organizaciones como la Asociación Mexicana de Energía Eólica y la Asociación Mexicana de Energía Solar se han pronunciado en contra de la iniciativa de reforma, pues asegura que ésta socavaría las promesas que México hizo en virtud del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Vale recordar que la CFE ha enfrentado ya diversas acusaciones de daño ambiental por su producción mediante la quema de combustóleo. Un ejemplo de ello es la planta termoeléctrica de Tula, Hidalgo, considerada una de las más contaminantes en el territorio nacional por sus fuertes emisiones de dióxido de azufre. 

La avanzada de las energías alternativas a las producidas por combustibles fósiles es algo que no va a detenerse. El debate en nuestro país adquiere mayor complejidad debido a la lucha contra la corrupción del gobierno federal.

Las asignaciones, los contratos y las concesiones han sido históricamente una moneda de cambio en los intercambios político empresariales, por lo cual es habitual que la sociedad civil dude de la legitimidad de ciertas iniciativas gubernamentales que involucran a la iniciativa privada. 

La energía eléctrica es un derecho fundamental. Un medio ambiente sano es un derecho humano y una obligación social de los individuos, los gobiernos y las empresas. ¿Es la reforma eléctrica una solución a los costos económicos y ambientales de la producción de energía? ¿Debe el gobierno pensar en la soberanía antes que en el impacto ambiental? Sin duda la conversación digital sumará puntos clave a este asunto, ¿tú qué opinas al respecto?


Patricia Vázques, “Si se requiere explicaré a Biden y a Trudeau la reforma eléctrica: AMLO”, La Jornada
Nayeli Meza Orozco, “CFE, fábrica de electricidad sucia“, Reporte Indigo
Patricia Tapia. “En riesgo de expropiación, 12 mil megawatts de energía limpia por reforma eléctrica: Coparmex”, Forbes México
Luis Durán, “La importancia de las energías renovables“, Forbes México

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