El caso de Lourdes Maldonado: Urgen garantías para un periodismo libre, seguro y digno

México es el país más peligroso del mundo para los reporteros.

De acuerdo con datos del Instituto Internacional de Prensa con sede en Viena, México fue durante los años 2020 y 2021 el país con mayor cantidad de periodistas asesinados. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) el 10% de los homicidios a periodistas a nivel mundial ha ocurrido en México. No sobra decir que, de acuerdo con cifras de la propia Unesco, el 85% de los casos se mantienen impunes.

El asesinato de la periodista Lourdes Maldonado se suma a una larga lista que pone de manifiesto que la libertad de expresión en México no está garantizada.

La labor periodística en México y el mundo enfrenta un entorno de extraordinaria adversidad. A los riesgos de violencia e impunidad se añaden los de precariedad laboral, falta de seguridad social, el cierre de medios locales y un entorno de desinformación creciente. Como está documentado, la periodista Lourdes Maldonado acudió a la conferencia mañanera del presidente de la República en el año 2019 para solicitar protección. En aquel 26 de marzo Maldonado le afirmó al presidente que temía por su vida, debido al acoso del que estaba siendo víctima en consecuencia con, en palabras de la propia periodista, una demanda laboral interpuesta contra la empresa Primer Sistema de Noticias, propiedad de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California. Maldonado había entrado en la disputa legal por despido injustificado y el adeudo de nómina de tres años. El 20 de enero del presente año, la periodista hizo público que había ganado la demanda.

Sin resultados en las investigaciones judiciales no puede afirmarse que el asesinato ocurrido el domingo 23 de enero del 2022 en la ciudad de Tijuana esté vinculado con la disputa legal con la empresa del ex gobernador Bonilla. Lo que es una realidad es que el oficio periodístico en México es un trabajo de alto riesgo. Como ha documentado la investigadora Aidee Rivera Escobedo en su texto “‘Ahora somos prácticamente esclavos’: La precariedad laboral del periodismo en México”, los profesionales del periodismo en nuestro país suelen trabajar con horarios excesivos, incertidumbre, esquemas de contratación irregulares y salarios bajos.

El ejercicio del periodismo, a pesar de ser una actividad que garantiza el sano desarrollo de la vida democrática de un país, es un oficio demeritado y maltratado. 

De acuerdo con datos de la organización Artículo 19, publicados en el diario El País, en México hay en la actualidad 700 periodistas bajo la figura de protección estatal y federal. Maldonado, se encontraba bajo la protección del estado de Baja California. Sonia de Anda, consejera del Sistema Estatal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Baja California, aseguró en una entrevista para Animal Político que a Maldonado se le otorgaron medidas precautorias, como un botón de pánico, recorridos policiacos por su domicilio durante la noche y una patrulla estatal cuando llegaba a su casa. Itzia Miravete, coordinadora de prevención de Artículo 19, asegura que “no sólo se necesita dinero, refugios, chalecos antibalas o carros blindados, sino investigaciones certeras y detenciones a los agresores”, pues con medidas de ese tipo solamente se consigue silenciar y desplazar a los periodistas, sin sentar precedentes para quienes los atacan. 

El gran problema del acoso a la labor periodística en México es que los agresores son en su mayoría funcionarios públicos. De acuerdo con Artículo 19, de las 692 agresiones documentadas, 343 venían de parte de presidentes municipales, regidores, diputados o personal de comunicación social, mientras que 144 provenían de policías y 11 de elementos militares. 

Fue apenas el 17 de enero del presente año cuando se realizó el primero de siete diálogos para la reformulación de la actual Ley General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas, aprobada hace una década. En este primer diálogo el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que esta ley ha sido ineficiente. 

La impunidad en los ataques a periodistas es una derrota para gobierno y sociedad civil. El silenciamiento de la prensa es, sin duda, una señal negativa sobre el desarrollo de la vida democrática de un país. Es una obligación de las empresas, de las distintas instancias de gobierno que protegen los derechos de los trabajadores, de las fuerzas de seguridad y de las organizaciones civiles, garantizar la práctica libre, segura y digna del periodismo.


¿Cuál era el conflicto entre Jaime Bonilla y Lourdes Maldonado?, Reporte Indigo
Periodistas asesinados y agresores en la calle: qué falla en el sistema de protección a reporteros en México, El País
México, el país más peligroso para los periodistas, El País
“Ahora somos prácticamente esclavos”, CIDE, Aidee Rivera Escobed

¡Sigue leyendo!


Atrás

Suscríbete a nuestro newsletter

y no te pierdas nuestras últimas actualizaciones

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *